La Ley 3/2006 de 30 de Marzo, modificó la Ley 37/92 del IVA para adecuar la aplicación de la regla de prorrata a las normas establecidas en la Sexta Directiva europea (77/388/CEE). asesoria, asesoria barcelona, asesoria fiscal, asesoria laboral, contabilidad, servicios fiscales, servicios laborales, servicios jurídicos, autónomos, emprendedores, fundaciones

La Ley 3/2006 vino precedida de la Resolución 2/2005 de 14/11 de la Dirección General de Tributos en la que se establecían los criterios interpretativos de la Sentencia de 06 de octubre de 2005 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en relación a la incidencia en el derecho a la deducción en el IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio.

Esta Resolución siguiendo las directrices marcadas por la UE, establecía que únicamente aquellas empresas o entidades que realizaran operaciones sujetas y exentas del IVA y que por tanto estaban obligadas a aplicar el procedimiento de prorrata debían incluir las subvenciones en el denominador del cálculo del porcentaje de prorrata aplicable, siempre que éstas no estuvieran vinculadas al precio de sus operaciones. Así las empresas y entidades que no estuvieran obligadas a aplicar la regla de la prorrata por realizar únicamente operaciones sujetas al IVA, no debían realizar cálculo de porcentaje de prorrata alguno por la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de sus operaciones.

En la exposición de motivos de la Ley 3/2006, el legislador entendió que el procedimiento así establecido provocaría una limitación excesiva del derecho a la deducción de aquellos sujetos pasivos que ya estaban obligados a aplicar la regla de prorrata por la realización de actividades exentas y sujetas respecto de aquellos sujetos pasivos que por realizar únicamente operaciones sujetas no tenían ninguna limitación para deducirse el IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios. Por tanto, con la publicación de la Ley 3/2006 y con efectos de 01 de Enero del mismo año, se eliminó totalmente cualquier restricción en el derecho a la deducción como consecuencia de la percepción se subvenciones no vinculadas al precio, por lo que estas no deben incluirse en ningún caso en el denominador del cálculo del porcentaje de prorrata.